¿Medida de seguridad o acto discriminatorio?

Parece irónico que, mientras el estadunidense Bush es tratado con gran respeto y admirado por las personas a su paso en Coyoacán, en Arizona se promueva una Ley que convierta a los inmigrantes ilegales en criminales.

La gobernadora Jan Brewer fue la responsable de que ahora cualquier sujeto que tenga rasgos latinos sea detenido y, de comprobarse su indocumentación, sea víctima de arrestos, obligado a pagos de multas y la respectiva expulsión del país.

Evidentemente no es una Ley que intente brindar mayor seguridad a los ciudadanos de Arizona, como lo justificó Brewer; es una Ley correspondiente del tiempo de la caza de brujas, en la que la discriminación es evidente y jugará un papel esencial en la vida de los habitantes del país, tanto norteamericanos (de Estados Unidos) como latinos o de otro país.

La Ley, llamada "Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros" no busca detener los ataques de los cárteles a los habitantes del mencionado estado de E.U. El ataque al Consulado del país de las barras y las estrellas en Ciudad Juárez y el ocurrido en Nuevo Laredo fueron sólo el pretexto para incluir una Ley que pueda permitir a los cazapapeles "limpiar la zona".

Es como el padre que busca corregir a su hijo con cinturonazos. Si se desea detener el embate de los sicarios por causa del narcotráfico, están tomando decisiones muy equívocas; lejos de frenar la violencia por culpa de las drogas, están alimentando el coraje guardado en la comunidad latina, creando enfrentamientos y descontrol social. Inclusive, ya se prepara una estrategia que sacuda económicamente al estado, como la cancelación de la convención nacional de la Asociación Americana de Abogados y la disposición nula de los camioneros a cargar y descargar en la zona.

Medio millón de personas no podrán caminar tranquilas por las calles, porque en cualquier momento podrán ser interrogados, escoltados hasta su casa con el único objetivo de despejar dudas acerca de su visado. El presidente Barack Obama condena la decisión de Brewer, por lo que se determinará si no viola alguno de los derechos civiles. La señora Brewer, por su parte, refuta que el Gobierno Federal estadunidense no tiene el carácter (o, como diría "Ñery" Castillo, "los tamaños") para crear una Ley efectiva en contra de la inmigración ilícita.

Parece increíble, pero después de todo en el país de las demandas todo se puede.